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Únicamente el principio de igualdad y no discriminación puede ser señalado como un sector donde se ha atribuido competencia a la Unión Europea en materia de derechos fundamentales. Es un sector de la política social comunitaria que ha irradiado una notable influencia hacia los distintos Derechos nacionales, cada vez en ámbitos más amplios como el origen racial, la religión y las convicciones o la orientación sexual. Existen, por lo tanto, unas Directivas sobre igualdad y no discriminación por otras causas. En su vertiente relativa a la nacionalidad ha funcionado como un complemento indispensable de la libre circulación y de la construcción del mercado interior, pero recientemente ha transcendido para consagrarse como uno de los elementos indispensables de la ciudadanía de la Unión.

En la faceta que concierne a la igualdad entre sexos, el aporte comunitario a las legislaciones nacionales es un claro ejemplo de armonización. A lo largo de más de tres décadas, primero sobre bases jurídicas genéricas y posteriormente sobre otras específicas, se ha construido un cuerpo de Derecho derivado que no admite comparación en el ámbito social. La interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por añadidura, ha consolidado su aplicación, si bien no puede pasarse por alto la considerable intervención comunitaria desprovista de carácter normativo*