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El clásico objetivo de la armonización en el progreso de las legislaciones nacionales, que vertebra uno de los grandes apartados de las competencias de la Unión Europea en materia de política social, parece atravesar en la actualidad un periodo de relativa decadencia. A finales del siglo XX conoció un esplendor muy considerable, en especial merced a la puesta en práctica de las bases jurídicas específicas que las sucesivas reformas habían incorporado al Derecho originario, una vez perdida la esperanza en la armonización espontánea. La huella de ese periodo en algunos sectores de las legislaciones de los Estados miembros es indiscutible, canalizada la intervención de la UE principalmente a través de directivas. Las perspectivas de desarrollo para este sector de la competencia comunitaria en el futuro no son halagüeñas, sin embargo. Las actuales tendencias apuntan a la codificación, la refundición y el perfeccionamiento de lo ya existente, siendo notable la ausencia de un espíritu creador.

El estudio de la competencia comunitaria en este campo puede abordarse a partir de cuatro grandes categorías de actividad. La primera tiene como hilo conductor la relación laboral. A partir de las bases jurídicas de los artículos 137.1.b y 137.1.d TCE, la Comunidad puede elaborar normativa sobre las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral. Sobre la primera de las bases se ha elaborado varias directivas, dedicadas en especial a los contratos de trabajo atípicos. En el segundo caso, se da la paradoja de la existencia de Derecho derivado dedicado a los despidos colectivos pero con otro fundamento jurídico y cuyo contenido se aproxima al de una tercera base jurídica.

El segundo ámbito cuya armonización se pretende es el de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, basada inicialmente en el artículo 118 A TCEE y actualmente en el artículo 137.1.a TCE.

El tercer ámbito armonizado se centra en la implicación de los trabajadores en la empresa. Aunque la plasmación de las correspondientes bases jurídicas (artículos 137.1.e y 137.1.f TCE) data del Tratado de Amsterdam, la actividad comunitaria en este campo tiene larga tradición, donde se mezclan los fracasos en actuaciones específicas con la irradiación de figuras que encajan en esta categoría hacia el campo de los despidos colectivos, la transmisión de empresas o la propia seguridad y salud. El reciente logro de la primera directiva específica sobre información y consulta en el nivel nacional augura la apertura de una notable corriente jurisprudencial que probablemente intensifique la armonización en un campo que hasta hace poco se consideraba vedado.

El último campo donde se puede acometer un intento de armonización es el de la protección social y es el que presenta, sin lugar a dudas, un balance más pobre. Las especiales connotaciones de la seguridad social, que la hacen muy próxima al núcleo esencial de la soberanía estatal, han condenado al fracaso los intentos comunitarios de avances. Los logros efectivos son anecdóticos y responden más a otras lógicas, como la de la igualdad o la propiamente económica para la protección social privada, que a verdaderos ensayos de armonización.