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Thursday, June 3

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    En este marco, no existe una única base jurídica para el desarrollo de la política social comunitaria. Una de las causas de esta situación es que, en sí misma, tal política no responde a un único epígrafe o enunciado del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión, sino que es una categoría científica o política acuñada para contemplar de forma relativamente homogénea la intervención comunitaria en el ámbito de lo social. Aunque el Título X posea, en sí mismo, una cierta pretensión de erigirse en centro y núcleo de la actuación comunitaria en este campo, la práctica demuestra que la realidad es más compleja, entre otras razones por su carácter expansivo. Fruto de la evolución histórica señalada, la Unión Europea ha llegado a contar en su Derecho originario con un abundante repertorio de bases jurídicas específicas que, en su conjunto, la habilitan para intervenir en terrenos variados del campo social, a través de distintas vías. Ese repertorio es el que sustenta lo que se conoce como política social comunitaria.
    En cuanto a su presentación formal, hay que reiterar que este arsenal no es perfecto y algunas de estas bases, en especial las situadas en el artículo 153 TFUE, deberían ser reformadas para evitar solapamientos y deslindar claramente su contenido (artículos 153.1.g o 153.1.h TFUE). La utilización de las bases jurídicas existentes para crear el Derecho derivado, por añadidura, se caracteriza por una considerable falta de rigor y de calidad en la técnica jurídica. Las instituciones de la Unión Europea deberían cuidar más la plasmación de los preceptos habilitantes en sus actos, para proporcionarle la debida transparencia y reforzar así la legitimidad de su actuación.
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    de un [[#Mercado de empleo comunitario|mercado[[#Mercado_de_empleo_comunitario|mercado de empleo
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    b) la [[#Armonización de las legislaciones nacionales|armonización[[#Armonizaci.C3.B3n_de_las_legislaciones_nacionales|armonización de las
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    c) la [[#Articulación de sistemas nacionales|articulación[[#Articulaci.C3.B3n_de_sistemas_nacionales|articulación de los
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    de un [[#Sistema comunitario de relaciones laborales|sistema[[#Sistema_comunitario_de_relaciones_laborales|sistema comunitario de
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    e) la [[#Coordinación de políticas nacionales|coordinación[[#Coordinaci.C3.B3n_de_pol.C3.ADticas_nacionales|coordinación de la
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    de los [[#Los derechos sociales fundamentales|derechos[[#Los_derechos_sociales_fundamentales|derechos fundamentales]].
    Mercado de empleo comunitario
    El primer conjunto de competencias se encamina a la construcción de un mercado de empleo supranacional. Es el campo más clásico, quizá más el relevante y sin duda el más desarrollado de la política social comunitaria. Conectado directamente con los fines económicos que hicieron nacer a la Unión, se benefició del temprano establecimiento del núcleo de su regulación, la libre circulación de trabajadores. Con el paso del tiempo ha ido evolucionando y ampliando muy considerablemente sus límites, véase Red Eures. Puede afirmarse sin temor a error que el mercado ha sido el germen del que ha surgido la concepción de una Europa sin fronteras que desborda los límites de lo social. Ha de decirse así mismo que la creación de un mercado de empleo ha supuesto la correlativa irrupción de unas fronteras exteriores que han empezado a necesitar una política comunitaria común en materia de inmigración y entrada de nacionales de terceros países.
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    Los derechos sociales fundamentales
    Junto a esos intentos puede contemplarse, como una última categoría, la lucha comunitaria por los derechos fundamentales, que empezó a fraguarse mediante la consagración del principio de igualdad y ha continuado con una paulatina intervención normativa en nuevos ámbitos. Aunque no es un campo abierto aún a la competencia de la Unión en su integridad, no es descartable su expansión futura en busca de un umbral mínimo compartido de derechos para la propia actuación de la Unión y quizás para todos los Estados miembros. Los especiales instrumentos empleados, las Cartas de derechos, proporcionan un indicio adicional de caracterización de este grupo de competencias, muy limitado por su excepcional delicadeza y sensibilidad político-jurídica. El recurso a ellos se explica por la ausencia de bases jurídicas efectivas que permitan una intervención de la Unión Europea en el terreno de los derechos fundamentales.
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    Parte Primera y el Título X del Tratado de la Unión Europea y el Título XIfuncionamiento de la Tercera Parte.Union Europea. Son las
    Técnicas de intervención
    Desde el punto de vista jurídico, el resultado del ejercicio de esas bases competenciales conforma lo que se viene denominando técnicamente política social comunitaria. Ahora bien, cuando el artículo 165 TFUE enumera los actos típicos del Derecho comunitario derivado, no está diseñando un sistema de fuentes de alcance ilimitado, sino que está condicionando su empleo a la consecución de los fines marcados por el Tratado. El acervo comunitario, no debe olvidarse, no tiene una existencia autónoma.
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  2. page política social comunitaria edited ... Los derechos sociales fundamentales Junto a esos intentos puede contemplarse, como una última…
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    Los derechos sociales fundamentales
    Junto a esos intentos puede contemplarse, como una última categoría, la lucha comunitaria por los derechos fundamentales, que empezó a fraguarse mediante la consagración del principio de igualdad y ha continuado con una paulatina intervención normativa en nuevos ámbitos. Aunque no es un campo abierto aún a la competencia de la Unión en su integridad, no es descartable su expansión futura en busca de un umbral mínimo compartido de derechos para la propia actuación de la Unión y quizás para todos los Estados miembros. Los especiales instrumentos empleados, las Cartas de derechos, proporcionan un indicio adicional de caracterización de este grupo de competencias, muy limitado por su excepcional delicadeza y sensibilidad político-jurídica. El recurso a ellos se explica por la ausencia de bases jurídicas efectivas que permitan una intervención de la Unión Europea en el terreno de los derechos fundamentales.
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    social comunitaria (????) vienen lastrados
    Técnicas de intervención
    Desde el punto de vista jurídico, el resultado del ejercicio de esas bases competenciales conforma lo que se viene denominando técnicamente política social comunitaria. Ahora bien, cuando el artículo 165 TFUE enumera los actos típicos del Derecho comunitario derivado, no está diseñando un sistema de fuentes de alcance ilimitado, sino que está condicionando su empleo a la consecución de los fines marcados por el Tratado. El acervo comunitario, no debe olvidarse, no tiene una existencia autónoma.
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    9:19 am
  3. page política social comunitaria edited ... El cuadro actual de competencias en materia social se ha construido a través de una serie de h…
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    El cuadro actual de competencias en materia social se ha construido a través de una serie de hitos fundamentales en la evolución de los Estados Miembros a partir del Tratado de Roma. Se trata del Programa de Acción Social de 1974, el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam y el Consejo Europeo de Lisboa de 2000, en los que, de una u otra manera, la cuestión de las competencias comunitarias ha estado siempre presente. El primero anunció el final del planteamiento preferentemente económico del Tratado de Roma y un nuevo enfoque de la política comunitaria, al abrir el uso de las bases jurídicas genéricas de los artículos 100 y 235 TCE (actualmente corresponden a los artículos 122 y 33 TFUE) a la materia social. El Acta Única fue el centro de un periodo dominado por una coyuntura política adversa donde sin embargo se fraguó el futuro de la técnica de intervención que se emplearía, con la creación de una primera base jurídica específica para la armonización de las legislaciones sociales nacionales. El Tratado de Maastricht representó, de una forma convulsa, el empeño político en superar un bloqueo inflexible, a través de un Protocolo Social donde 11 Estados atribuyeron con más dimensión o amplitud competencias en materia social a la Unión en busca de una intervención común. El Tratado de Amsterdam, a su vez, supuso la consagración de un modelo que pronto iba a entrar en crisis, pero que proporcionaría momentos de esplendor, con la inclusión de un amplio elenco de competencias en el Título XI y la apertura de nuevos campos de actuación como el Título IV. El Consejo Europeo de Lisboa, por último, fue el heraldo del futuro, al encumbrar un nuevo modo de actuación que se apartaba de lo anterior y ungir con el óleo de la legitimidad la concepción actual de la política social comunitaria, creando el método abierto de coordinación como vía de ejercicio de las competencias ya atribuidas
    Bases jurídicas y campos de actuación
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    por diversas vías (y la Constitución europea??).vías.
    En este marco, no existe una única base jurídica para el desarrollo de la política social comunitaria. Una de las causas de esta situación es que, en sí misma, tal política no responde a un único epígrafe o enunciado del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión, sino que es una categoría científica o política acuñada para contemplar de forma relativamente homogénea la intervención comunitaria en el ámbito de lo social. Aunque el Título X posea, en sí mismo, una cierta pretensión de erigirse en centro y núcleo de la actuación comunitaria en este campo, la práctica demuestra que la realidad es más compleja, entre otras razones por su carácter expansivo. Fruto de la evolución histórica señalada, la Unión Europea ha llegado a contar en su Derecho originario con un abundante repertorio de bases jurídicas específicas que, en su conjunto, la habilitan para intervenir en terrenos variados del campo social, a través de distintas vías. Ese repertorio es el que sustenta lo que se conoce como política social comunitaria.
    En cuanto a su presentación formal, hay que reiterar que este arsenal no es perfecto y algunas de estas bases, en especial las situadas en el artículo 153 TFUE, deberían ser reformadas para evitar solapamientos y deslindar claramente su contenido (artículos 153.1.g o 153.1.h TFUE). La utilización de las bases jurídicas existentes para crear el Derecho derivado, por añadidura, se caracteriza por una considerable falta de rigor y de calidad en la técnica jurídica. Las instituciones de la Unión Europea deberían cuidar más la plasmación de los preceptos habilitantes en sus actos, para proporcionarle la debida transparencia y reforzar así la legitimidad de su actuación.
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    El primer conjunto de competencias se encamina a la construcción de un mercado de empleo supranacional. Es el campo más clásico, quizá más el relevante y sin duda el más desarrollado de la política social comunitaria. Conectado directamente con los fines económicos que hicieron nacer a la Unión, se benefició del temprano establecimiento del núcleo de su regulación, la libre circulación de trabajadores. Con el paso del tiempo ha ido evolucionando y ampliando muy considerablemente sus límites, véase Red Eures. Puede afirmarse sin temor a error que el mercado ha sido el germen del que ha surgido la concepción de una Europa sin fronteras que desborda los límites de lo social. Ha de decirse así mismo que la creación de un mercado de empleo ha supuesto la correlativa irrupción de unas fronteras exteriores que han empezado a necesitar una política comunitaria común en materia de inmigración y entrada de nacionales de terceros países.
    Son relevantes en este campo los artículos 21 y 46 TFUE sobre libre circulación, el artículo 47 TFUE sobre trabajadores jóvenes, los artículos 53 y 62 TFUE para las cuestiones vinculadas con las libertades de establecimiento y de prestación de servicios, los artículos 67, 77, 78, 79 y 80 TFUE para la política de inmigración, el artículo 164 TFUE para el Fondo Social Europeo, el artículo 166 TFUE sobre formación profesional, y los artículos 165, 177 y 178 TFUE para los demás Fondos Estructurales.
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    Armonización de las legislaciones nacionales
    Otros tipos de competencias se orientan en cambio a una intervención que toma como referencia el interior de los Estados miembros, buscando la armonización de las legislaciones sociales nacionales, aun cuando sólo sea de manera tenue e imperfecta. Es ésta es una de las finalidades clásicas de la política social comunitaria, intentada a través de directivas fundamentalmente pero sin descartar el recurso a otros instrumentos. Se caracteriza antes que nada por incidir sobre las legislaciones, esto es, por tener como objeto la modificación aspectos normativos. Se caracteriza también por orientarse a la regulación de situaciones nacionales, no de problemas transnacionales. La labor de la Unión no es tanto creadora como correctora, persiguiendo la eliminación de contradicciones entre los diferentes ordenamientos, y tratando de encontrar un mínimo común denominador entre todos los Estados miembros.
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    Sistema comunitario de relaciones laborales
    El cuarto tipo de competencias actúa en un marco que va más allá de los Estados, en el que, como resultado de ello, empieza a ver la luz lo que podemos vislumbrar como un sistema comunitario de relaciones laborales, donde se unen verdaderas atribuciones de competencias con procedimientos alternativos de ejercicio de éstas, lastrado en todo caso por severas prohibiciones de actuación a propósito de la libertad sindical y el derecho de huelga. La nota de transnacionalidad en el aspecto colectivo es el criterio rector de esta categoría del estudio. A pesar de compartir bases jurídicas con determinados sectores de la armonización, la intervención de la Unión en este campo es plenamente creadora, puesto que se centra en una realidad (la empresa europea, en definitiva) que no es propia de los ordenamientos nacionales, sino del espacio de la Unión. La participación de los trabajadores y la negociación colectiva son los instrumentos que fomenta esta competencia de la Unión Europea.
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    el artículo 3352352 TFUE también
    No debe olvidarse la importancia del diálogo social comunitario. Los Estados, empleando la misma soberanía en virtud de la cual que otorgan poderes a las instituciones, han diseñado un procedimiento alternativo para el ejercicio de las competencias de la Unión en materia social. El diálogo social se concibe así como un instrumento más al servicio de los fines recogidos en los Tratados. El análisis de esta intervención en el ámbito de la Unión Europea puede organizarse independientemente en torno a dos parámetros: por los sujetos participantes y a partir de la eficacia de los actos que de ella resulten. Atendiendo al primer indicador es posible distinguir un diálogo tripartito, donde intervienen las instituciones de la Unión Europea , y un diálogo bipartito, donde el protagonismo corresponde en exclusiva a las partes sociales.
    Coordinación de políticas nacionales
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    9:08 am
  4. page política social comunitaria edited ... Coordinación de políticas nacionales En contraste, las competencias de coordinación citadas e…
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    Coordinación de políticas nacionales
    En contraste, las competencias de coordinación citadas en quinto lugar representan un nuevo modo de enfocar la actividad social en el marco de la Unión Europea. Su nota característica es el recurso casi unánime a las técnicas “blandas” de actuación, desplazando la elaboración de Derecho social comunitario en sentido estricto. No pretende ya alterar cuerpos normativos sino encarar de forma conjunta problemas administrativos y de gestión. Por ello, es ante todo una técnica de orientación e influencia en la política social de los Estados miembros, que ya no puede diseñarse ni desarrollarse a su antojo.
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    artículo 153.2.a TCETFUE para la
    Los derechos sociales fundamentales
    Junto a esos intentos puede contemplarse, como una última categoría, la lucha comunitaria por los derechos fundamentales, que empezó a fraguarse mediante la consagración del principio de igualdad y ha continuado con una paulatina intervención normativa en nuevos ámbitos. Aunque no es un campo abierto aún a la competencia de la Unión en su integridad, no es descartable su expansión futura en busca de un umbral mínimo compartido de derechos para la propia actuación de la Unión y quizás para todos los Estados miembros. Los especiales instrumentos empleados, las Cartas de derechos, proporcionan un indicio adicional de caracterización de este grupo de competencias, muy limitado por su excepcional delicadeza y sensibilidad político-jurídica. El recurso a ellos se explica por la ausencia de bases jurídicas efectivas que permitan una intervención de la Unión Europea en el terreno de los derechos fundamentales.
    Los intentos de crear una ciudadanía social comunitaria (????) vienen lastrados por la escasez de bases jurídicas, que no admite una intervención general. Así, los artículos 18, 19, 153.1.i y 157 TFUE son las bases jurídicas que ha permitido crear una completa normativa de la UE sobre igualdad y no discriminación, repartidas entre la Parte Primera del Tratado de la Unión Europea y el Título XI de la Tercera Parte. Son las únicas atribuciones efectivas de competencia a la Unión en materia de derechos fundamentales, puesto que las Cartas de derechos ni son el fruto del ejercicio de competencia alguna ni representan un soporte para nuevas intervenciones comunitarias.
    Técnicas de intervención
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    el artículo 249 TCE165 TFUE enumera los
    De entre los actos jurídicamente vinculantes que lo componen destaca la directiva como forma más característica de intervención. Esto se justifica por su especial maleabilidad, que hiere en menor medida la soberanía de los Estados en una materia de notable relevancia como la social, por sus peculiaridades de transposición a propósito del plazo y de la elección de forma. Su singular configuración en el ámbito social como disposición mínima, que permite intervenciones más protectoras por parte de los Estados, ha permitido salvaguardar las especialidades nacionales en terrenos especialmente delicados. Se ha empleado principalmente en el ámbito de la armonización, pero también se ha utilizado para desarrollar los aspectos instrumentales de la libre circulación y como herramienta de articulación entre ordenamientos en sectores que precisaban una armonización previa, como las cualificaciones o la portabilidad de las pensiones complementarias.
    No puede pasarse por alto, con todo, el recurso al reglamento para cuestiones de especial importancia, generalmente relacionadas con problemas transnacionales, a través del cual se va creando un Derecho único de ineludible aplicación para los Estados. Así, el núcleo de la libre circulación de trabajadores, la articulación de los sistemas nacionales de seguridad social o las reglas sobre determinación de la competencia judicial en materia de contrato de trabajo han sido recogidas en reglamentos. El uso mayoritario de este acto típico, no obstante, en el campo social se ha centrado en la regulación de organismos e instituciones especializadas.
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    La más clásica es, sin lugar a dudas, la intervención financiera mediante instrumentos como el Fondo Social Europeo. El éxito de este mecanismo y el valor añadido que ha producido sobre las intervenciones nacionales determinaron el nacimiento de nuevos Fondos, algunos de los cuales tienen una incidencia directa en el ámbito social. Así mismo, la Unión ha diseñado a lo largo de los años numerosos planes de intervención, programas de actuación, propios o de apoyo, que se han extendido a numerosos campos.
    En la actualidad, el soft law está ganando una importancia que puede llegar a cuestionar el papel principal de la directiva y relegar al Derecho social comunitario, en sentido estricto, a una mera posición de actor secundario. No ha de creerse, sin embargo, que esta forma de actuación comunitaria carezca de tradición, sino que por el contrario siempre ha estado presente, desde los primeros momentos de existencia de la Unión, en el ámbito social. Así, abundan las recomendaciones, las resoluciones y otros documentos de denominaciones variadas, que han sido las vías atípicas a las que se ha recurrido ante atascos de funcionamiento que no podían resolverse en el campo del Derecho. Las intervenciones de fomento, de control y de orientación marcan, eso sí, el sentido de los tiempos actuales, sin que ello tenga que significar necesariamente la proscripción de los modos de actuar más clásicos.
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    los artículos 40, 42, 6746, 48, o 137.2.b TCE153.2.b TFUE y que
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    los artículos 148164 o 161 TCE.177 TFUE. Las acciones
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    los artículo 13, 12719, 147 o 141 TCE.157 TFUE. Los intercambios
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    los artículos 128, 129, 137.2.a148, 149, 157.2.a o 140 TCE156 TFUE y constituyen
    Enlaces de interés
    http://europa.eu/pol/socio/index_es.htm: la página de la Unión Europea sobre política social
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    8:44 am
  5. page política social comunitaria edited ... El cuarto tipo de competencias actúa en un marco que va más allá de los Estados, en el que, co…
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    El cuarto tipo de competencias actúa en un marco que va más allá de los Estados, en el que, como resultado de ello, empieza a ver la luz lo que podemos vislumbrar como un sistema comunitario de relaciones laborales, donde se unen verdaderas atribuciones de competencias con procedimientos alternativos de ejercicio de éstas, lastrado en todo caso por severas prohibiciones de actuación a propósito de la libertad sindical y el derecho de huelga. La nota de transnacionalidad en el aspecto colectivo es el criterio rector de esta categoría del estudio. A pesar de compartir bases jurídicas con determinados sectores de la armonización, la intervención de la Unión en este campo es plenamente creadora, puesto que se centra en una realidad (la empresa europea, en definitiva) que no es propia de los ordenamientos nacionales, sino del espacio de la Unión. La participación de los trabajadores y la negociación colectiva son los instrumentos que fomenta esta competencia de la Unión Europea.
    La atribución de competencias para crear lo que podríamos llamar un sistema de relaciones laborales de ámbito de la Unión Europea es en realidad muy limitada. Únicamente el artículo 153.1.e TFUE a propósito de la información y consulta de los trabajadores ha sido empleado efectivamente como base jurídica para la creación del comité de empresa europeo. Persisten las dudas generadas por la acción del Consejo a propósito del artículo 153.1.f TFUE, relativo a la representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y los empresarios. No ha de olvidarse que el artículo 3352 TFUE también ha sido empleado en este campo para la aprobación de la normativa sobre la implicación de los trabajadores en las sociedades de matriz europea, sin que sean descartables los motivos políticos para tal decisión.
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    las competencias comunitariasde la Unión en materia
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    el ámbito comunitariode la Unión Europea puede organizarse
    Coordinación de políticas nacionales
    En contraste, las competencias de coordinación citadas en quinto lugar representan un nuevo modo de enfocar la actividad social en el marco de la Unión Europea. Su nota característica es el recurso casi unánime a las técnicas “blandas” de actuación, desplazando la elaboración de Derecho social comunitario en sentido estricto. No pretende ya alterar cuerpos normativos sino encarar de forma conjunta problemas administrativos y de gestión. Por ello, es ante todo una técnica de orientación e influencia en la política social de los Estados miembros, que ya no puede diseñarse ni desarrollarse a su antojo.
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    el artículo 140 TCE156 TFUE para la
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    los artículos 128148 y 129 TCE149 TFUE a propósito
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    el artículo 137.2.a153.2.a TCE para
    Los derechos sociales fundamentales
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    la competencia comunitariade la Unión en su
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    propia actuación comunitariade la Unión y quizás
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    social comunitaria (????) vienen lastrados
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    los artículos 12, 13, 137.1.i18, 19, 153.1.i y 141 TCE157 TFUE son las
    Técnicas de intervención
    Desde el punto de vista jurídico, el resultado del ejercicio de esas bases competenciales conforma lo que se viene denominando técnicamente política social comunitaria. Ahora bien, cuando el artículo 249 TCE enumera los actos típicos del Derecho comunitario derivado, no está diseñando un sistema de fuentes de alcance ilimitado, sino que está condicionando su empleo a la consecución de los fines marcados por el Tratado. El acervo comunitario, no debe olvidarse, no tiene una existencia autónoma.
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    8:20 am
  6. page política social comunitaria edited ... Historia El recorrido histórico de la política social comunitaria ofrece como balance un mani…
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    Historia
    El recorrido histórico de la política social comunitaria ofrece como balance un manifiesto crecimiento de la competencia de los Estados Miembros en materia social. Visto el proceso desde su sexta década de existencia, puede decirse que éstas han abandonado el exclusivo planteamiento económico que las hizo nacer y han intensificado notablemente su intervención en el terreno social. Como consecuencia de ello, los Estados miembros han visto progresivamente menguadas sus facultades soberanas de actuación en pos de un escenario en el que intervienen con fuerza instituciones supranacionales. La evolución, eso sí, no ha sido constante y ha conocido etapas variadas donde se alternan expansión y contención. Al mismo tiempo, este proceso ha dejado ver las dudas y dificultades en la acotación de la competencia comunitaria, tanto en temas generales como en campos específicos como el de la política social. A la altura de nuestros días, existen ya numerosos preceptos dentro del Tratado que se refieren a competencias, pero con una formulación imprecisa.
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    235 TCE (actualmente corresponden a los artículos 122 y 33 TFUE) a la
    Bases jurídicas y campos de actuación
    El sistema comunitario de atribución de competencias no es comparable, desde luego, a las reglas de reparto de poder existentes en el interior de los Estados federales o con un gran componente regional. El principio atributivo y la naturaleza finalista de los Estados Miembros de la Unión son los ejes singulares en torno a los cuales se articula todo el entramado comunitario de competencias y poderes. Toda actuación de la Unión debe disponer de título en que basarse y de fundamento jurídico en su acción y deberá estar orientada a la consecución de los fines recogidos en los Tratados. La correspondiente base jurídica, a su vez, incluirá los actores, los medios y los modos de actuación, detallando los procedimientos e instrumentos pertinentes, sean vinculantes o no. De esta manera se garantiza el respeto de la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, se ofrece al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un parámetro de control. No parece necesaria ni probable, en todo caso, la codificación del elenco de bases existentes, al modo de una Constitución nacional, puesto que la actual configuración combina en una medida acertada seguridad jurídica y flexibilidad, y permite a la vez identificar claramente los ámbitos abiertos a la intervención comunitaria y abordar ésta por diversas vías (y la Constitución europea??).
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    Mercado de empleo comunitario
    El primer conjunto de competencias se encamina a la construcción de un mercado de empleo supranacional. Es el campo más clásico, quizá más el relevante y sin duda el más desarrollado de la política social comunitaria. Conectado directamente con los fines económicos que hicieron nacer a la Unión, se benefició del temprano establecimiento del núcleo de su regulación, la libre circulación de trabajadores. Con el paso del tiempo ha ido evolucionando y ampliando muy considerablemente sus límites, véase Red Eures. Puede afirmarse sin temor a error que el mercado ha sido el germen del que ha surgido la concepción de una Europa sin fronteras que desborda los límites de lo social. Ha de decirse así mismo que la creación de un mercado de empleo ha supuesto la correlativa irrupción de unas fronteras exteriores que han empezado a necesitar una política comunitaria común en materia de inmigración y entrada de nacionales de terceros países.
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    el artículo 150 TCE166 TFUE sobre formación
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    los artículos 159, 161165, 177 y 162 TCE178 TFUE para los
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    Fondos Estructurales.
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    Armonización de las legislaciones nacionales
    Otros tipos de competencias se orientan en cambio a una intervención que toma como referencia el interior de los Estados miembros, buscando la armonización de las legislaciones sociales nacionales, aun cuando sólo sea de manera tenue e imperfecta. Es ésta es una de las finalidades clásicas de la política social comunitaria, intentada a través de directivas fundamentalmente pero sin descartar el recurso a otros instrumentos. Se caracteriza antes que nada por incidir sobre las legislaciones, esto es, por tener como objeto la modificación aspectos normativos. Se caracteriza también por orientarse a la regulación de situaciones nacionales, no de problemas transnacionales. La labor de la Unión no es tanto creadora como correctora, persiguiendo la eliminación de contradicciones entre los diferentes ordenamientos, y tratando de encontrar un mínimo común denominador entre todos los Estados miembros.
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    ambicioso) artículo 137 TCE,153 TFUE, núcleo del Título XIX del Tratado de Funcionamiento de la ComunidadUnión Europea. Ciertamente,
    Articulación de sistemas nacionales
    En un plano supranacional se mueven las competencias comunitarias que persiguen la articulación de los distintos sistemas nacionales. No se trata de competencias que tengan por objeto alterar las legislaciones estatales, sino, por el contrario, de una intervención que pretende desarrollar normas de conflicto que pongan en contacto las normas e instituciones ya existentes, y que permitan su buen funcionamiento a escala transfronteriza. Este campo supone un claro ejemplo de cómo la política social comunitaria ha ido aumentando sus expectativas y su radio de acción, superponiéndose al Derecho internacional privado clásico en el ámbito europeo.
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    El artículo 42 TCE48 TFUE se ha
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    los artículos 4753 y 55 TCE.62 TFUE. Las bases
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    los artículos 61, 65 y 67 TCE,y 81 TFUE, han ayudado
    Sistema comunitario de relaciones laborales
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    la intervención comunitariade la Unión en este
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    del espacio comunitario.de la Unión. La participación
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    esta competencia comunitaria.de la Unión Europea.
    La atribución
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    de ámbito comunitariode la Unión Europea es en
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    el artículo 137.1.e TCE153.1.e TFUE a propósito
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    del artículo 137.1.f TCE,153.1.f TFUE, relativo a
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    el artículo 308 TCE3352 TFUE también ha
    No debe olvidarse la importancia del diálogo social comunitario. Los Estados, empleando la misma soberanía en virtud de la cual que otorgan poderes a las instituciones, han diseñado un procedimiento alternativo para el ejercicio de las competencias comunitarias en materia social. El diálogo social se concibe así como un instrumento más al servicio de los fines recogidos en los Tratados. El análisis de esta intervención en el ámbito comunitario puede organizarse independientemente en torno a dos parámetros: por los sujetos participantes y a partir de la eficacia de los actos que de ella resulten. Atendiendo al primer indicador es posible distinguir un diálogo tripartito, donde intervienen las instituciones de la Unión Europea , y un diálogo bipartito, donde el protagonismo corresponde en exclusiva a las partes sociales.
    Coordinación de políticas nacionales
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    8:03 am
  7. page política social comunitaria edited ... El cuadro actual de competencias en materia social se ha construido a través de una serie de h…
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    El cuadro actual de competencias en materia social se ha construido a través de una serie de hitos fundamentales en la evolución de los Estados Miembros a partir del Tratado de Roma. Se trata del Programa de Acción Social de 1974, el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam y el Consejo Europeo de Lisboa de 2000, en los que, de una u otra manera, la cuestión de las competencias comunitarias ha estado siempre presente. El primero anunció el final del planteamiento preferentemente económico del Tratado de Roma y un nuevo enfoque de la política comunitaria, al abrir el uso de las bases jurídicas genéricas de los artículos 100 y 235 TCE a la materia social. El Acta Única fue el centro de un periodo dominado por una coyuntura política adversa donde sin embargo se fraguó el futuro de la técnica de intervención que se emplearía, con la creación de una primera base jurídica específica para la armonización de las legislaciones sociales nacionales. El Tratado de Maastricht representó, de una forma convulsa, el empeño político en superar un bloqueo inflexible, a través de un Protocolo Social donde 11 Estados atribuyeron con más dimensión o amplitud competencias en materia social a la Unión en busca de una intervención común. El Tratado de Amsterdam, a su vez, supuso la consagración de un modelo que pronto iba a entrar en crisis, pero que proporcionaría momentos de esplendor, con la inclusión de un amplio elenco de competencias en el Título XI y la apertura de nuevos campos de actuación como el Título IV. El Consejo Europeo de Lisboa, por último, fue el heraldo del futuro, al encumbrar un nuevo modo de actuación que se apartaba de lo anterior y ungir con el óleo de la legitimidad la concepción actual de la política social comunitaria, creando el método abierto de coordinación como vía de ejercicio de las competencias ya atribuidas
    Bases jurídicas y campos de actuación
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    finalista de las Comunidades Europeaslos Estados Miembros de la Unión son los
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    Toda actuación comunitariade la Unión debe disponer
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    por diversas vías.vías (y la Constitución europea??).
    En este
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    el Título XIX posea, en
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    el artículo 137 TCE,153 TFUE, deberían ser
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    la Unión europeaEuropea deberían cuidar
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    puede englobarse la Agencia Europea
    Mercado de empleo comunitario
    El primer conjunto de competencias se encamina a la construcción de un mercado de empleo supranacional. Es el campo más clásico, quizá más el relevante y sin duda el más desarrollado de la política social comunitaria. Conectado directamente con los fines económicos que hicieron nacer a la Unión, se benefició del temprano establecimiento del núcleo de su regulación, la libre circulación de trabajadores. Con el paso del tiempo ha ido evolucionando y ampliando muy considerablemente sus límites, véase Red Eures. Puede afirmarse sin temor a error que el mercado ha sido el germen del que ha surgido la concepción de una Europa sin fronteras que desborda los límites de lo social. Ha de decirse así mismo que la creación de un mercado de empleo ha supuesto la correlativa irrupción de unas fronteras exteriores que han empezado a necesitar una política comunitaria común en materia de inmigración y entrada de nacionales de terceros países.
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    los artículos 1821 y 40 TCE46 TFUE sobre libre
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    el artículo 41 TCE47 TFUE sobre trabajadores
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    los artículos 4753 y 55 TCE62 TFUE para las
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    los artículos 61, 62, 6367, 77, 78, 79 y 67 TCE80 TFUE para la
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    el artículo 148 TCE164 TFUE para el
    Armonización de las legislaciones nacionales
    Otros tipos de competencias se orientan en cambio a una intervención que toma como referencia el interior de los Estados miembros, buscando la armonización de las legislaciones sociales nacionales, aun cuando sólo sea de manera tenue e imperfecta. Es ésta es una de las finalidades clásicas de la política social comunitaria, intentada a través de directivas fundamentalmente pero sin descartar el recurso a otros instrumentos. Se caracteriza antes que nada por incidir sobre las legislaciones, esto es, por tener como objeto la modificación aspectos normativos. Se caracteriza también por orientarse a la regulación de situaciones nacionales, no de problemas transnacionales. La labor de la Unión no es tanto creadora como correctora, persiguiendo la eliminación de contradicciones entre los diferentes ordenamientos, y tratando de encontrar un mínimo común denominador entre todos los Estados miembros.
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  8. page política social comunitaria edited ... Bases jurídicas y campos de actuación El sistema comunitario de atribución de competencias no…
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    Bases jurídicas y campos de actuación
    El sistema comunitario de atribución de competencias no es comparable, desde luego, a las reglas de reparto de poder existentes en el interior de los Estados federales o con un gran componente regional. El principio atributivo y la naturaleza finalista de las Comunidades Europeas son los ejes singulares en torno a los cuales se articula todo el entramado comunitario de competencias y poderes. Toda actuación comunitaria debe disponer de título en que basarse y de fundamento jurídico en su acción y deberá estar orientada a la consecución de los fines recogidos en los Tratados. La correspondiente base jurídica, a su vez, incluirá los actores, los medios y los modos de actuación, detallando los procedimientos e instrumentos pertinentes, sean vinculantes o no. De esta manera se garantiza el respeto de la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, se ofrece al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un parámetro de control. No parece necesaria ni probable, en todo caso, la codificación del elenco de bases existentes, al modo de una Constitución nacional, puesto que la actual configuración combina en una medida acertada seguridad jurídica y flexibilidad, y permite a la vez identificar claramente los ámbitos abiertos a la intervención comunitaria y abordar ésta por diversas vías.
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    señalada, la ComunidadUnión Europea ha
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    Las instituciones comunitariasde la Unión europea deberían cuidar
    Esas bases jurídicas abarcan un amplio espectro de materias, relativas a lo laboral y a la protección social, no coincide con las concepciones nacionales del Derecho del trabajo y de la seguridad social, en la que puede englobarse la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, sino que la política social comunitaria debe ser abordada desde un marco de análisis propio. En él pueden señalarse seis grandes tipos de competencias, cada uno de ellos con características propias. Son tipos que se distinguen entre sí por varios factores: la amplitud o intensidad de la intervención comunitaria, la manera de intervenir (jurídica, política, económica, etc), la materia a la que afectan, o los fines concretos que persiguen. Se trata, en síntesis, de las siguientes competencias: a) la construcción de un [[#Mercado de empleo comunitario|mercado de empleo supranacional]]; b) la [[#Armonización de las legislaciones nacionales|armonización de las legislaciones nacionales]]; c) la [[#Articulación de sistemas nacionales|articulación de los ordenamientos nacionales]] en aspectos sociales; d) la configuración de un [[#Sistema comunitario de relaciones laborales|sistema comunitario de relaciones laborales]]; e) la [[#Coordinación de políticas nacionales|coordinación de la política social]] de los Estados; y f) la creación de una ciudadanía comunitaria a través de los [[#Los derechos sociales fundamentales|derechos fundamentales]].
    Mercado de empleo comunitario
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    a la Comunidad,Unión, se benefició
    Son relevantes en este campo los artículos 18 y 40 TCE sobre libre circulación, el artículo 41 TCE sobre trabajadores jóvenes, los artículos 47 y 55 TCE para las cuestiones vinculadas con las libertades de establecimiento y de prestación de servicios, los artículos 61, 62, 63 y 67 TCE para la política de inmigración, el artículo 148 TCE para el Fondo Social Europeo, el artículo 150 TCE sobre formación profesional, y los artículos 159, 161 y 162 TCE para los demás Fondos Estructurales.
    Armonización de las legislaciones nacionales
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    La labor comunitariade la Unión no es
    El centro de las competencias de armonización legislativa, de su lado, se sitúa en el solitario (aunque bastante extenso y ambicioso) artículo 137 TCE, núcleo del Título XI del Tratado de la Comunidad Europea. Ciertamente, las bases jurídicas genéricas han desempeñado un papel importantísimo para intentar alcanzar esa pretendida armonización y no han de ser olvidadas para lograr un análisis completo, puesto que durante las primeras décadas de la integración europea fueron su único soporte. A pesar de ello, resulta evidente que las bases jurídicas orientadas a la armonización de las legislaciones nacionales responden, tras varias reformas y retoques, a algo que se asemeja a un plan coherente a través de la enumeración de ámbitos concretos de intervención, no exento de imperfecciones sin embargo.
    Articulación de sistemas nacionales
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    El cuarto tipo de competencias actúa en un marco que va más allá de los Estados, en el que, como resultado de ello, empieza a ver la luz lo que podemos vislumbrar como un sistema comunitario de relaciones laborales, donde se unen verdaderas atribuciones de competencias con procedimientos alternativos de ejercicio de éstas, lastrado en todo caso por severas prohibiciones de actuación a propósito de la libertad sindical y el derecho de huelga. La nota de transnacionalidad en el aspecto colectivo es el criterio rector de esta categoría del estudio. A pesar de compartir bases jurídicas con determinados sectores de la armonización, la intervención comunitaria en este campo es plenamente creadora, puesto que se centra en una realidad (la empresa europea, en definitiva) que no es propia de los ordenamientos nacionales, sino del espacio comunitario. La participación de los trabajadores y la negociación colectiva son los instrumentos que fomenta esta competencia comunitaria.
    La atribución de competencias para crear lo que podríamos llamar un sistema de relaciones laborales de ámbito comunitario es en realidad muy limitada. Únicamente el artículo 137.1.e TCE a propósito de la información y consulta de los trabajadores ha sido empleado efectivamente como base jurídica para la creación del comité de empresa europeo. Persisten las dudas generadas por la acción del Consejo a propósito del artículo 137.1.f TCE, relativo a la representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y los empresarios. No ha de olvidarse que el artículo 308 TCE también ha sido empleado en este campo para la aprobación de la normativa sobre la implicación de los trabajadores en las sociedades de matriz europea, sin que sean descartables los motivos políticos para tal decisión.
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    las instituciones comunitarias,de la Unión Europea , y un
    Coordinación de políticas nacionales
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    Los derechos sociales fundamentales
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    Técnicas de intervención
    Desde el punto de vista jurídico, el resultado del ejercicio de esas bases competenciales conforma lo que se viene denominando técnicamente política social comunitaria. Ahora bien, cuando el artículo 249 TCE enumera los actos típicos del Derecho comunitario derivado, no está diseñando un sistema de fuentes de alcance ilimitado, sino que está condicionando su empleo a la consecución de los fines marcados por el Tratado. El acervo comunitario, no debe olvidarse, no tiene una existencia autónoma.
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    En un balance general, la preponderancia de la directiva frente al reglamento refleja las tensiones políticas que se encuentran detrás de la política social comunitaria. La unificación jurídica ha sido preterida frente a la armonización. Se ha limitado el recurso a la potestad última del ordenamiento comunitario, tanto en la práctica como en el planteamiento de las atribuciones, y únicamente ha conseguido afianzarse en cuestiones de naturaleza transnacional o de ineludible exigencia única para todos los Estados, como son las descritas.
    Ahora bien, el arsenal de instrumentos empleados para la puesta en práctica de la política social comunitaria es muy amplio y no se agota en el plano de producción de normas. De ahí que se hable de “Política social comunitaria” con un significado más extenso, reflejando una concepción de la competencia comunitaria en materia social que va más allá de la sola regulación jurídica. Esa intervención, más política o administrativa que legal, tiene a su vez numerosas manifestaciones.
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    mismo, la ComunidadUnión ha diseñado
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    En la concepción amplia aquí recogida, la política social comunitaria abarca en definitiva desde actuaciones normativas, como pueden ser las sostenidas por los artículos 40, 42, 67 o 137.2.b TCE y que se corresponden con el Derecho social comunitario, hasta intervenciones financieras, como las derivadas de la puesta en práctica de los artículos 148 o 161 TCE. Las acciones de fomento están ganando progresiva importancia y encuentran su fundamento, entre otros, en los artículo 13, 127 o 141 TCE. Los intercambios de información son otro de los instrumentos amparados por el Tratado, en función de los artículos 128, 129, 137.2.a o 140 TCE y constituyen el núcleo del nuevo método abierto de coordinación.
    Enlaces de interés
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  9. page política social comunitaria edited La '''política social comunitaria''' puede caracterizarse como el sector del acervo de la Unión Eur…
    La '''política social comunitaria''' puede caracterizarse como el sector del acervo de la Unión Europea que se ocupa de regular aspectos materiales y formales de las relaciones laborales y el empleo, tanto en el interior de sus Estados miembros como en su dimensión transnacional, incidiendo en su funcionamiento y en sus consecuencias, sin pretensión actual de globalidad y con una orientación de progreso. Con el transcurso del tiempo la política social comunitaria ha perdido buena parte de su subordinación a la política económica, ganando una cierta autonomía que aún no ha fraguado del todo. Constituye un complejo sistema jurídico que no alcanza las cotas de perfección técnica que serían deseables, pero no puede afirmarse que tales defectos sean exclusivos de este sector del campo comunitario.
    Historia
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    competencia de las Comunidades Europeaslos Estados Miembros en materia
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    evolución de las Comunidades Europeaslos Estados Miembros a partir
    ...
    a la ComunidadUnión en busca
    Bases jurídicas y campos de actuación
    ...
    de Justicia de la Unión Europea un parámetro
    ...
    del Tratado sobre el funcionamiento de la Comunidad Europea,Unión, sino que
    En cuanto a su presentación formal, hay que reiterar que este arsenal no es perfecto y algunas de estas bases, en especial las situadas en el artículo 137 TCE, deberían ser reformadas para evitar solapamientos y deslindar claramente su contenido (artículos 137.1.g o 137.1.h TCE). La utilización de las bases jurídicas existentes para crear el Derecho derivado, por añadidura, se caracteriza por una considerable falta de rigor y de calidad en la técnica jurídica. Las instituciones comunitarias deberían cuidar más la plasmación de los preceptos habilitantes en sus actos, para proporcionarle la debida transparencia y reforzar así la legitimidad de su actuación.
    Esas bases jurídicas abarcan un amplio espectro de materias, relativas a lo laboral y a la protección social, no coincide con las concepciones nacionales del Derecho del trabajo y de la seguridad social, en la que puede englobarse la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, sino que la política social comunitaria debe ser abordada desde un marco de análisis propio. En él pueden señalarse seis grandes tipos de competencias, cada uno de ellos con características propias. Son tipos que se distinguen entre sí por varios factores: la amplitud o intensidad de la intervención comunitaria, la manera de intervenir (jurídica, política, económica, etc), la materia a la que afectan, o los fines concretos que persiguen. Se trata, en síntesis, de las siguientes competencias: a) la construcción de un [[#Mercado de empleo comunitario|mercado de empleo supranacional]]; b) la [[#Armonización de las legislaciones nacionales|armonización de las legislaciones nacionales]]; c) la [[#Articulación de sistemas nacionales|articulación de los ordenamientos nacionales]] en aspectos sociales; d) la configuración de un [[#Sistema comunitario de relaciones laborales|sistema comunitario de relaciones laborales]]; e) la [[#Coordinación de políticas nacionales|coordinación de la política social]] de los Estados; y f) la creación de una ciudadanía comunitaria a través de los [[#Los derechos sociales fundamentales|derechos fundamentales]].
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Wednesday, June 2

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    {banderas.jpg} La revisión de las normas de la Unión Europea en el Tratado de Lisboa
    En referencia al artículo 48 del TUE nos encontramos con 2 modelos de revisión de las normas constitutivas. A saber:
    1. Procedimiento ordinario formal y general para los Tratados (TUE y TFUE).
    2. Procedimientos simplificados:
    - Procedimiento formal sectorialy limitado
    - Procedimientos de adaptación por las Instituciones.
    Desarrollando los puntos anteriores tenemos:
    1.- PROCEDIMIENTOORDINARIO DE REVISION:
    Consta de tres fases:
    A. FASE DE INICIATIVA: Consiste en remitir al Consejo, “proyectos de revisión”, los cuales, podrán también reflejar las ampliaciones o reducciones de las competencias atribuidas.
    ¿Quiénes están facultados para hacerlo?: A saber.
    - Cualquier Estado miembro.
    - El Parlamento Europeo.
    - La Comisión.
    A continuación de remitir dichos "proyectos":
    Banco Central Europeo si son asuntos monetarios), decide si se inicia dicho procedimiento.
    Segundo: Si el resultado es positivo. Tenemos:
    - El Presidente del Consejo Europeoconvoca una “Convención”.
    - La “Convención” elabora, por consenso, una “recomendación” que dirige a una Conferencia de representantes de los gobiernos de los EEMM.
    - Cuando no se justifiquen las modificaciones por el criterio de importancia, existe la posibilidad de que el “Consejo Europeo”, (por mayoría simpley previa aprobación del PE), considere prescindiblela realización de dicha“Convención”.
    Componentes de la “Convención”:
    - Representantes de los Parlamentos nacionales.
    - Jefes de Estado o de Gobierno de los EEMM.
    - Representantes del PE.
    - Representantes de la “Comisión”.
    B. LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL (CIG): Fase de carácter internacional.
    C. LA RATIFICACION DEL TRATADO MODIFICATIVO: se resuelve en los sistemas constitucionales de los EEMM, donde en la autorización de los poderes legislativos, y en ocasiones, con unaconsulta popular; de su consentimiento, se forja el consentimiento del Estado a obligarse por el Tratado modificativo.
    Debido a sucesivos problemas en dichas ratificaciones, el “Tratado de Lisboa”, trata dos vías:
    En primer lugar, con la referencia de la disposición del 48.5 TUE; si transcurridoun plazo de dos años desde la firma de un tratado modificativo de los Tratados, las cuatro quintas partes de los EEMM lo han ratificado y uno o varios EEMM han encontrado dificultades, el Consejo Europeo lo examinará.
    En segundo lugar, con la introducción o ampliaciónde los supuestos que den lugar a revisiones simplificadas, con alcance limitado y en caso de ámbitos preacordados.
    2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISION SIMPLIFICADOS:
    Existen dos tipos de cláusulasque prevén modificaciones en ámbitos parciales:
    CLÁUSULA FORMAL DE REVISION: fórmula mixta:
    - Desarrollo de un procedimiento por parte de: las Institucionesde la Unión.
    - Dicho procedimiento tendrá que ser adoptado conforme a las disposiciones constitucionales de los EEMM.
    Se excluye la fase de la CIG.
    Inicio del procedimiento:
    - A propuestade un Estado Miembro, el Parlamento Europeo, o la Comisión que las representan al Consejo Europeo.
    - Previa consulta al PE, Comisión (y al BCE, si se trata de modificaciones institucionales en el ámbito monetario); el Consejo Europeo puede adoptar por “unanimidad” una “decisión “modificativa. En este caso, si todos los EEMM, según sus procedimientos constitucionales, aprueban dichasmodificaciones, entrarán en vigor.
    CLÁUSULAS DE NATURALEZA INSTITUCIONAL: Consisten en que su procedimiento, inicia y acaba sin intervención (en principio) de los procedimientos constitucionales delos EEMM; en el ámbito institucional de la Unión.
    Existen dos casos:
    1º.- Cuando el TFUE o el Título V del TUE (PESC) dispone que el Consejo decide por unanimidad, el Consejo Europeo(por unanimidad, y previa aprobación del PE por mayoría de los miembros), puede decidir que el consejo decida por mayoríacualificada.
    Temas excluyentes: militares y de defensa.
    2º.- Cuando el TFUE, disponga que el consejo adopte actos legislativos por elprocedimiento especial, el Consejo Europeo (por unanimidad y previaaprobación del PE por mayoría de los miembros); podrá decidir que se decidan por el procedimiento legislativo ordinario.
    Tanto en el primero como en el segundo de los casos, la iniciativa se debe notificar a los Parlamentos nacionales, y sólo con que uno se oponga a la misma, no se adoptará el acto de revisión.
    Véase también
    Página Oficial de la Unión Europea
    Conferencias Intergubernamentales

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